Existe una marcada tendencia hacia un esquema de trabajo virtual e híbrido dentro del ecosistema empresarial de organizaciones. En este contexto, comenzó a regir la Ley de teletrabajo en la Argentina.
Ley de teletrabajo en el contexto de la pandemia
El comienzo de la pandemia de Covid-19 marcó un cambio sin precedentes en la cultura del trabajo. Las reuniones virtuales y la modalidad home office ya son parte de una metodología de trabajo que fue adoptada por gran parte de las organizaciones, públicas y privadas, independientemente de su tamaño.
Según un estudio realizado por la consultora D´Alessio IROL para el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) 91 % de las empresas prevé adoptar un esquema de trabajo mixto para la etapa post pandemia. Esta modalidad plantea importantes desafíos para el corto y el largo plazo.
En el informe se destaca que 82 % de los encuestados están a favor de trabajar de manera remota. 36 % de los consultados declara haber cambiado su opinión sobre la modalidad home office durante la cuarentena, antes estaban en contra y luego, a favor.
Esta realidad significa que empleadores estén adecuando sus planes respecto a la gestión de los esquemas de trabajo y de la relación con los colaboradores. Uno de los emergentes de esta modalidad es una mayor implementación de tecnologías de la información y de comunicación. También, implicó un cambio en las relaciones interpersonales y en la forma de encarar el trabajo colaborativo.
En el marco jurídico, la Ley de teletrabajo se aprobó con el fin de regular las condiciones laborales dentro de este nuevo paradigma.
Ley de teletrabajo en la Argentina: derechos y obligaciones
A partir del 1 de abril de 2021, entró en vigencia la ley 27555 de teletrabajo. Cuenta con 19 artículos que buscan garantizar que los teletrabajadores gocen de los mismos derechos que los empleados que ejercen su profesión de manera presencial.
La Ley de teletrabajo argentina establece que aquellos que ejercen su profesión de manera remota deben percibir el mismo salario que reciben las personas que trabajan de manera presencial.
Además, afirma la obligatoriedad de una compensación económica por parte del empleador para cubrir los gastos de conectividad.
Otros aspectos importantes de esta ley son el “derecho de desconexión”, de reversibilidad y de representación gremial.
Derecho a la desconexión y reversibilidad del trabajo remoto
La desconexión digital es el derecho del teletrabajador a descansar y a tener tiempo de ocio fuera del horario laboral pactado.
Cualquier tarea laboral que el empleado realice fuera de su jornada debe ser considerada como un caso excepcional y considerado como horas extra.
La reversibilidad implica el derecho del empleado a exigirle a su empleador el retorno a la modalidad de trabajo presencial.
Elementos de trabajo cuando la oficina es hogareña
Además de los costos de internet y de conectividad, la ley obliga al empleador a proveer los elementos de trabajo necesarios. Los equipos de software y de hardware, así como cubrir los costos de instalación y de mantenimiento.
La ley implica una nueva flexibilidad al mencionar que el empleado tiene derecho a modificar sus horarios laborales si es que tiene a cargo a personas mayores o niños de hasta 13 años.
Según Rodolfo Joaquín Vedoya, socio y abogado del estudio Vedoya – Saenz Valiente, esta ley presenta desafíos a futuro para los empleadores. Por ejemplo, la necesidad de alquilar un nuevo espacio en caso que un empleado quiere efectuar el derecho a la reversibilidad y la organización no pueda recibirlo en el lugar de trabajo.
La nueva realidad para el trabajo de los abogados
Los abogados particulares, los estudios y los departamento de legales de las empresas debieron mutar su metodología laboral, como el resto de los profesionales, en el marco de las restricciones sanitarias impuestas durante 2020 y 2021.
Según Vedoya, la pandemia agilizó un proceso de digitalización que estaba avanzando dentro de este campo profesional. Por ejemplo, la implementación de una firma digital para los trámites vinculados al Poder Judicial de la Nación disminuyó la burocracia y le ahorró a los estudios tiempo y papel.
Es en este contexto que entran en juego nuevos actores como los softwares de gestión jurídica y los smart contracts. Estas herramientas se insertaron en este mercado para digitalizar y automatizar los procesos de gestión jurídica de sociedades, estudios, abogados, escribanos y clientes.
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